La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para revisar un desafío contra la ley de Washington que regula el acceso a la atención de género afirmativo para menores y la notificación parental. Según la legislación estatal, aprobada en 2023 como enmienda, los centros de acogida no deben notificar a los padres de menores que buscan tratamiento de género afirmativo y servicios de salud reproductiva, especialmente si los trabajadores de los centros consideran que la notificación podría causar abuso o negligencia por parte de los padres.
“Esta ley fue aprobada para garantizar que los menores en situación de calle y sus familias tengan acceso a servicios de reencuentro y salud mental”, explicó Mike Faulk, director de comunicación adjunto de la Oficina del Fiscal General de Washington. “La ley establece claramente que el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias debe hacer un esfuerzo sincero para contactar a las familias con el objetivo de lograr el reencuentro.”
“Anteriormente ganamos este desafío en los niveles de distrito y circuito, con los tribunales decidiendo que los demandantes no explicaron cómo se vieron afectados o podrían verse afectados por la ley”, añadió Faulk. “Estaremos preparados para defenderla exitosamente ante la Corte Suprema.”
En 2024, se presentó una demanda contra la ley, con los demandantes argumentando que viola los derechos constitucionales de los padres para dirigir la atención y educación de sus hijos, así como sus libertades religiosas. Sin embargo, el tribunal federal dictaminó que las afirmaciones eran especulativas y carecían de evidencia de daño, rechazando la demanda.
Ahora, la Corte Suprema escuchará el caso que desafía la ley de Washington que permite a menores acceder a la atención de género afirmativo sin consentimiento parental. Según The Center Square, la Corte examinará tres leyes específicas: permitir que menores de al menos 13 años reciban “tratamiento ambulatorio” sin consentimiento parental; exigir que los centros de acogida notifiquen al estado, en lugar de a los padres, si un menor huye para recibir “atención protegida” de género afirmativo; y permitir que los menores se queden en los centros de acogida durante un máximo de 90 días.
La Corte Suprema podría tomar hasta el próximo verano para emitir su decisión.
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