SEATTLE – Los líderes educativos de Washington aseguran que seguirán garantizando las protecciones de los derechos civiles de los estudiantes tras el anuncio del gobierno de Trump de trasladar responsabilidades clave del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El Departamento de Educación anunció que las oficinas encargadas de proteger los derechos civiles de los estudiantes y los derechos educativos de los estudiantes con discapacidades serán transferidas a dos organismos federales distintos. Según el comunicado, las oficinas que supervisan la educación y los derechos civiles de los estudiantes con discapacidades pasarán del Departamento de Educación al Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que la oficina que protege a los estudiantes contra la discriminación se moverá al Departamento de Justicia. El anuncio del gobierno de Trump fue realizado el 16 de junio, según el comunicado del superintendente de instrucción pública de Washington, Chris Reykdal. El comunicado menciona que este traslado forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump para eliminar el Departamento de Educación. Dado que el Congreso no ha autorizado la eliminación del Departamento, el comunicado afirma que el gobierno está utilizando acuerdos interagenciales para transferir parte del trabajo del departamento a organismos que ‘tienen un papel mínimo o nulo en la educación K-12’. Reykdal señaló que este cambio generará confusión y duplicación de procesos para las familias, los estudiantes y los distritos escolares que buscan apoyo. ‘El anuncio de hoy pondrá en mayor riesgo los derechos civiles de casi 50 millones de estudiantes que reciben servicios en escuelas públicas en todo el país, debido a la cantidad de burocracia que el gobierno federal está añadiendo’, declaró Reykdal. También mencionó los compromisos federales para financiar la educación especial, señalando: ‘Aunque el gobierno federal ha comprometido el 40% de la financiación para apoyar a los estudiantes con discapacidades, menos del 10% de la financiación de educación especial de Washington proviene de fuentes federales.’ Añadió: ‘Con financiación federal insuficiente, las familias y los estados ahora tendrán que navegar por varios organismos federales para obtener los servicios a los que tienen derecho legalmente. Esto no es más eficiente, y no es devolver la educación a los estados.’ En el comunicado, Reykdal indicó que la transición no se espera que interrumpa los servicios de educación especial, el apoyo o la financiación del Acta de Educación para Estudiantes con Discapacidades (IDEA) ‘en este momento’, pero argumentó que trasladar el trabajo a HHS separa aún más la educación especial del sistema instruccional. Washington continuará manteniendo las protecciones estatales para los estudiantes con discapacidades, incluyendo entornos de aprendizaje inclusivo, apoyos individualizados y acceso al currículo general, según el comunicado. Reykdal mencionó que el estado también seguirá trabajando con socios nacionales, organizaciones de defensa y otros organismos educativos estatales. ‘Aunque muchos detalles aún son inciertos y existen preguntas significativas sobre cómo se implementará, Washington continuará promoviendo políticas que fortalezcan las oportunidades educativas, la inclusión y los resultados positivos para los estudiantes con discapacidades’, afirmó Reykdal. ‘Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado y no vamos a retroceder.’ El comunicado también planteó preocupaciones sobre la transferencia de la Oficina para los Derechos Civiles del Departamento de Educación al Departamento de Justicia. Durante casi 60 años, el gobierno federal ha garantizado los derechos civiles y las leyes contra la discriminación en la educación K-12, y la Oficina para los Derechos Civiles investiga y resuelve quejas de discriminación. En 2025, la Oficina para los Derechos Civiles resolvió un 30% menos de quejas de discriminación en educación en comparación con 2024, según el comunicado, lo que representa la disminución más pronunciada año a año en más de 30 años. ‘Una de las principales responsabilidades del Departamento de Educación es proteger los derechos civiles de los estudiantes que asisten a las escuelas de nuestro país’, dijo Reykdal. ‘Incluso antes de la transferencia de la OCR al Departamento de Justicia, hemos visto cómo este gobierno prioriza su ideología política sobre su responsabilidad de proteger los derechos civiles de los estudiantes.’ Reykdal mencionó que las leyes antidiscriminación de Washington superan los requisitos mínimos federales y exigen a los distritos escolares que investiguen y respondan a las quejas de discriminación. Según la ley de Washington, después de presentar una queja a un distrito escolar y apelar al consejo escolar, las familias pueden presentar su queja a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública para una acción adicional.
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