KENT, Washington – Curt Nuccitelli está acostumbrado a manejar costos elevados, márgenes estrechos y una competencia intensa. Ahora se preocupa por el nuevo impuesto a los millonarios de Washington, que podría complicar aún más la gestión de su negocio y, eventualmente, elevar los precios para sus clientes.
Nuccitelli es propietario de Spirit Transport Systems, una empresa de transporte con 14 empleados en el Valle de Kent que transporta mercancías a través de los puertos de Seattle y Tacoma. En un sector tan competitivo, subir los precios no siempre es una opción.
“Tengo que competir”, dijo Nuccitelli. “Eso no significa que pueda cobrar lo que quiera”.
Dado que las ganancias de su empresa se gravan como ingresos personales, un aumento impositivo en su caso podría afectar directamente su negocio. Nuccitelli explicó que esto obliga a tomar decisiones difíciles: posponer inversiones, reducir contrataciones o salarios, o asumir el impacto.
Los costos inesperados añaden más presión. Nuccitelli recientmente pagó 100.000 dólares para reparar una tubería de alcantarillado en el estacionamiento de su instalación.
“Son esas cosas que tenemos que planear”, dijo Nuccitelli.
Nuccitelli señaló que no puede pasar todos los costos a los clientes, pero parte de esa presión no se queda en su negocio.
“Cualquier cosa que compres en la tienda llega en camión”, dijo Nuccitelli.
A largo plazo, los costos más altos en su negocio podrían reflejarse en los precios que pagan los consumidores, dijo Nuccitelli.
Nuccitelli es uno de los demandantes en una demanda que busca bloquear el impuesto antes de que entre en vigor en 2028. Presentada por el Citizen Action Defense Fund junto con ciudadanos, agricultores y grupos empresariales, el caso argumenta que la política viola la constitución del estado.
El desafío se centra en una interpretación establecida en Washington que trata el ingreso como propiedad, lo que significa que los impuestos deben ser uniformes y limitados al 1%. La nueva ley impone un impuesto del 9.9% sobre los ingresos superiores a un millón de dólares, lo que los demandantes dicen rompe esas reglas.
Los legisladores que aprobaron el impuesto dicen que su objetivo es hacer el sistema más justo. Los ingresos se destinarían a educación, cuidado infantil, atención médica y créditos fiscales para familias trabajadoras.
La líder del Senado del estado, Jamie Pedersen, demócrata de Seattle, dijo que el objetivo es trasladar más de la carga a los más ricos del estado.
“Esto busca redistribuir la carga para que podamos financiar excelentes escuelas, universidades y atención médica para quienes la necesitan”, dijo Pedersen.
El impuesto está programado para entrar en vigor en 2028, aunque su futuro ahora depende del resultado del desafío legal presentado en el Condado de Klickitat.
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