SEATTLE – Una auditoría reveló que la mayoría de los policías de Washington no han completado la capacitación obligatoria bajo la Ley de Responsabilidad Policial y Seguridad Comunitaria, según un informe publicado el martes por la Oficina del Auditor del Estado de Washington. El documento destaca la baja participación, la limitada aplicación de herramientas y la falta de supervisión efectiva en la implementación de esta ley, respaldada por la iniciativa 940 aprobada por los votantes en 2018. La ley exige 40 horas de capacitación continua en desescalada de violencia, salud mental y conciencia cultural, con el objetivo de mejorar las interacciones entre la policía y el público y reducir el uso de la fuerza. Sin embargo, los auditores encontraron que solo una pequeña proporción de oficiales ha cumplido con los requisitos. Alrededor del 16% de los policías veteranos y el 14% de los nuevos han completado las 40 horas de capacitación en el plazo establecido. A tasas actuales, el informe estima que aproximadamente la mitad de todos los policías podría estar fuera de cumplimiento para 2028, cuando se cumpla un plazo clave. La auditoría analizó datos de alrededor de 11.000 policías en todo el estado y encontró que muchos solo han completado parcialmente la capacitación, mientras que una parte significativa ha completado menos de la mitad de las horas requeridas. Aunque la capacitación está en gran medida desarrollada, aún existen vacíos. La Comisión de Capacitación en Justicia Criminal, que administra el programa, ha creado la mayoría de los cursos necesarios, incluyendo más de 40 horas de instrucción disponible que abarcan 46 temas. Estos temas van desde habilidades tácticas, como técnicas de desescalada y alternativas al uso de la fuerza, hasta temas orientados a la comunidad, como sesgos implícitos e interacciones con grupos marginados. Sin embargo, los auditores señalaron que algunos temas aún no han sido completamente desarrollados y cuestionaron si la amplia gama de material puede cubrirse realísticamente dentro del tiempo asignado. Los factores que contribuyen a las bajas tasas de cumplimiento incluyen desafíos logísticos y financieros, como el costo de enviar a los policías a capacitación presencial y mantener los niveles de personal mientras los oficiales están ausentes. El modelo de ‘capacitación al instructor’ del estado también enfrenta limitaciones, incluyendo pocos instructores y participación inconsistente de las agencias. Algunos policías también han resistido ciertos componentes de la capacitación, especialmente las clases de conciencia cultural, que algunos ven como irrelevantes o políticamente motivadas, según la retroalimentación recopilada por los auditores. La auditoría destaca que la comisión de capacitación carece de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento. Aunque la ley estatal exige la participación, la comisión no impone el cumplimiento ni rastrea sistemáticamente si los oficiales cumplen con los plazos. La agencia mantiene los datos de capacitación, pero no informa consistentemente información completa de cumplimiento a los legisladores o al público, lo que dificulta evaluar si los objetivos de la ley se están logrando. Además, las agencias policiales reportaron confusión sobre los requisitos debido a la comunicación fragmentada y la guía poco clara de la comisión. Los auditores recomendaron que los legisladores estatales convoquen un grupo de trabajo para abordar problemas de financiación, entrega de capacitación y cumplimiento, incluyendo posibles consecuencias por no cumplir. El informe también pide a la comisión de capacitación que mejore la comunicación, desarrolle un plan más estructurado para la capacitación y proporcione datos más claros sobre el cumplimiento de los oficiales. En una respuesta escrita incluida en la auditoría, la Comisión de Capacitación en Justicia Criminal dijo que en general está de acuerdo con los hallazgos y ya ha comenzado a abordar algunos problemas, incluyendo la actualización de reglas e mejora de la guía para las agencias de policía. La agencia señaló que se podrían necesitar más financiación y personal para implementar completamente las recomendaciones. La auditoría destaca los desafíos en la implementación de una de las primeras leyes nacionales que exige capacitación integral en desescalada de violencia y salud mental para la policía. Investigadores citados en el informe han encontrado que este tipo de capacitación puede reducir lesiones tanto a los oficiales como a los civiles, lo que subraya la importancia de lograr un cumplimiento completo. Los auditores concluyeron que sin una supervisión más fuerte y una mejora en la participación, el estado corre el riesgo de no cumplir con el propósito de la ley de mejorar la seguridad pública y la confianza entre la policía y las comunidades.
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