SEATTLE – La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, anunció que pausará la expansión del programa piloto de cámaras de vigilancia de la policía debido a preocupaciones sobre la aplicación de la ley migratoria, la privacidad y las divisiones en las opiniones comunitarias. En abril de 2025, el Centro de Criminalidad en Tiempo Real (RTCC) lanzó un programa piloto con más de 60 cámaras en distintos barrios de Seattle, permitiendo a los oficiales monitorear transmisiones en vivo y acceder a imágenes de sospechosos durante investigaciones. Wilson destacó su compromiso de evaluar el programa antes de su ampliación. Sin embargo, al finalizar 2025, el exalcalde Bruce Harrell autorizó una extensión adicional del programa en más barrios. Hasta marzo de 2026, ninguna de las cámaras adicionales había sido instalada, encendida o incluso recibida del proveedor. Wilson rechazó la expansión sin evaluación, auditoría o políticas definidas, por lo que pausará la ampliación hasta que se realicen análisis adicionales. Aunque algunos ciudadanos se sienten más seguros con las cámaras, otros expresan inquietud, y sus opiniones deben ser respetadas. El RTCC seguirá operando con sus 62 cámaras iniciales. La única excepción a la pausa es durante los partidos del Mundial en Seattle, donde las cámaras planificadas para el Distrito del Estadio sí se implementarán, pero solo se activarán si hay una ‘amenaza creíble’ confirmada por autoridades. También mencionó que una cámara con vista a un centro de salud reproductiva se apagará. Wilson aclaró que en caso de incremento en actividades de aplicación de la ley migratoria, ‘por supuesto’, tendrá todas las cámaras funcionales desactivadas para proteger la información de inmigrantes. El programa se inició en áreas como Aurora Avenue, Third Avenue y el Distrito Chinatown-International. Los apoyadores argumentaron que es una respuesta necesaria a la escasez de personal policial. Sin embargo, críticos cuestionan su efectividad y su impacto en derechos civiles, advirtiendo sobre el riesgo de uso indebido de la tecnología. Los funcionarios incluyeron salvaguardas, como una pausa de 60 días en operaciones si las autoridades federales solicitan acceso a datos, que requiere citación judicial.
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