El gobierno federal rechazó parte de la solicitud del gobernador de Washington, Bob Ferguson, para financiación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) relacionada con las tormentas de diciembre pasado. En febrero, Ferguson solicitó a FEMA una declaración de desastre mayor y 182,3 millones de dólares. De ese monto, 36,6 millones se habrían obtenido mediante el Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos, que financiaría proyectos como la muralla contra las inundaciones en Mount Vernon. ‘El daño en muchas partes de nuestro estado, como he mencionado muchas veces, habría sido aún peor, significativamente peor, sin infraestructura que proteja contra las inundaciones’, dijo Ferguson en febrero. ‘Una muralla contra inundaciones fue construida recientemente en Mount Vernon, solo en la última década. Está claro que la muralla salvó el centro de la ciudad de ser inundada y salvó un montón de costos de sufrimiento a muchos washingtonenses.’ En una carta al gobernador, FEMA reconoció el daño causado por la tormenta, pero rechazó parte de la solicitud. ‘Usted solicitó específicamente Asistencia Individual para 10 condados y 16 naciones tribales; Asistencia Pública para 23 condados y 24 naciones tribales, y un Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos a nivel estatal’, escribió Gregg Phillips, subdirector de FEMA en la Oficina de Respuesta y Recuperación. ‘El impacto en individuos y hogares, así como en la infraestructura, fue significativo en las áreas designadas para Asistencia Individual y Asistencia Pública. Sin embargo, se ha determinado que la designación del Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos no es apropiada.’ Aunque FEMA rechazó la solicitud del subsidio, la agencia aprobó financiación para hogares y negocios afectados por las tormentas. ‘Esta es una decisión inaceptable para las familias y negocios que represento’, dijo el representante Rick Larsen, demócrata de Washington. ‘La declaración de desastre ayuda a las personas a recuperarse de la última inundación, pero la mitigación de riesgos ayuda a las personas a sobrevivir a la próxima inundación.’ El estado tiene 30 días para apelar.
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