El Departamento de Justicia (DOJ) inició acciones legales contra cuatro estados este miércoles por sus políticas constitucionales que impiden a los agentes federales obtener placas de identificación confidenciales. Washington, Oregon, Maine y Massachusetts se negaron a retirar estas normas tras recibir una carta del DOJ explicando que eran ilegales, informó el organismo. En concreto, el DOJ sostuvo que la Cláusula de Supremacía de la Constitución norteamericana no permite que los gobiernos estatales regulen la labor de la policía federal. El departamento había enviado previamente cartas solicitando a los responsables estatales que justificaran estas políticas. El DOJ señaló que dichas normas ilegales ponen en peligro la eficacia operativa y la seguridad de los agentes federales, quienes han estado bajo presión durante sus labores. ‘Al negar plac, de identificación confidenciales a componentes del DHS, incluido ICE, mientras las otorgan a sus propios organismos estatales, estos gobernadores están aplicando políticas discriminadoras y que obstaculizan a la policía federal’, afirmó el subsecretario de Justicia Todd Blanche en un comunicado. ‘Estas acciones debilitan la aplicación de la enmienda migratoria federal, permiten que criminales peligrosos escapen de la justicia y generan temor en las comunidades estadounidenses.’ El DOJ destacó que si los agentes federales no pueden usar placas confidenciales, los delincuentes pueden rastrearlos y evadir a la policía. La administración sostuvo que los agentes federales ‘frecuentemente investigan y arrestan a criminales violentos, incluidos miembros de carteles, de pandillas, violadores sexuales, traficantes de personas y otros delincuentes peligrosos’, y que hacerlos fácilmente identificables los expone a un mayor acoso y riesgo físico. Los argumentos coinciden con la defensa del gobierno de Trump sobre la política de mascarillas de los agentes federales durante sus operaciones en ciudades estadounidenses. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han mantenido la política de mascarillas de la agencia, y la administración ya ganó una orden judicial federal que bloqueó una ley de California que prohibía a los funcionarios de la policía cubrir sus rostros en el estado. Además, la administración ha estado en desacuerdo con varias ciudades santuario donde la policía local no colabora con las autoridades federales en la aplicación de la ley migratoria. Blanche ha instruido a la División Civil del DOJ para identificar todas las leyes y políticas estatales y locales que puedan obstaculizar lo que la administración describe como ‘operaciones federales legales’.
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