Entre todos los organismos que están investigando la ruptura de la tanque en Longview, que causó la muerte de 11 personas, el que probablemente profundizará más en la causa del incidente corre el riesgo de perder su financiación. Dr. Marty Cohen, ScD y director del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Washington, explicó que, aunque la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Trabajo y Industrias de Washington (L&I) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) buscarán infracciones regulatorias, la Comisión de Seguridad y Hazard de Estados Unidos (CSB) se enfocará en descubrir cómo ocurrió el desastre en su origen. “No están buscando culpar a las empresas ni citar a compañías. Están tratando de averiguar qué salió mal de manera sistemática”, dijo Cohen. Durante el segundo año consecutivo, la Administración de Trump propone eliminar completamente el financiamiento de la CSB, citando responsabilidad fiscal. “La CSB duplica más que las capacidades adecuadas de la Agencia de Protección Ambiental”, señaló el presupuesto del Gabinete de Estados Unidos. Cohen destacó que esta evaluación no refleja correctamente el rol de los dos organismos. “Para poder prevenir incidentes similares, quizás tengamos que aprender más sobre lo que pasó que solo lo que se violó en regulaciones”, afirmó Cohen. La CSB suele hacer recomendaciones de política o regulación basadas en sus hallazgos. Además, crea videos de recreación de los incidentes, como sucedió la última y única vez que la CSB investigó en Washington, cuando la refinería Tesoro Oil en Anacortes explotó, matando a 7 personas en 2010. “Es increíblemente trágico lo que pasó. Es difícil de decir, pero este es un alivio esperanzador: quizás podamos aprender de ello y si no podemos aprender de eso, eso es un desastre”, expresó. La noche del miércoles, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 14 millones de dólares para la CSB en el año fiscal 2027, alineándose con el financiamiento del año 2026. La financiación deberá obtener la aprobación completa de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, así como la firma del Presidente.
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