WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba derogar la ciudadanía por nacimiento, manteniendo vigente la Enmienda Decimocuarta. El viernes 20 de junio marcó el último día del ciclo judicial del año, y la decisión fue la última emitida. El caso, conocido como Trump v. Barbara, se centró en la propuesta del mandatario para limitar la ciudadanía automática a los niños nacidos en el país cuyos padres estaban en Estados Unidos de manera temporal o ilegal. El Washington Post informó sobre el desarrollo del caso. La opinión mayoritaria fue escrita por el juez jefe John Roberts, quien destacó que la ciudadanía nace desde la ley común inglesa y que el concepto de ‘nacer dentro de los dominios’ es esencial. Durante el mes de abril, se escucharon los argumentos orales durante más de dos horas, en un raro momento en que el mandatario participó personalmente en la audiencia, según informó The Associated Press. Los tribunales inferiores ya habían rechazado la propuesta del presidente en el primer día de su segundo mandato, según reportó CNN. La orden, firmada en ese momento, prohibía que los niños nacidos en Estados Unidos obtuvieran documentos de ciudadanía si sus padres no eran ciudadanos o no tenían una tarjeta de residencia permanente. La Enmienda Decimocuarta de la Constitución establece que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana del país y del estado donde resida. Ningún estado puede limitar los derechos de los ciudadanos ni privar a nadie de vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. En su orden, Trump insistió en que la Enmienda Decimocuarta nunca se ha interpretado para otorgar ciudadanía universal a todos los nacidos en el país, y que siempre ha excluido a las personas nacidas en Estados Unidos pero no sujetas a su jurisdicción. Según su comprensión, el Congreso ha especificado que una persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana al nacer, según el 8 U.S.C. 1401, que refleja el texto de la Enmienda. Entre los casos que no se aplican, se incluyen a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres estaban en el país de manera ilegal o temporal, y el padre no era ciudadano o residente legal en el momento del nacimiento. El juez federal Joseph Laplante, nombrado por el presidente George W. Bush, calificó la orden como ‘muy cuestionable constitucionalmente’. Otro juez, Joseph Coughenour, nombrado por el presidente Ronald Reagan, la denominó ‘claramente inconstitucional’.
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