SEATTLE – La Universidad de Washington (UW) ha informado que las suspensiones impuestas a los estudiantes involucrados en la toma violenta y el vandalismo del edificio IEB han finalizado. Sin embargo, casi nueve meses después de que decenas de personas fueran arrestadas, ninguna ha sido formalmente acusada de un delito.
Esta situación está generando frustración entre observadores del campus y exalumnos judíos, quienes expresan su preocupación de que la falta de consecuencias legales pueda incentivar futuras interrupciones.
La protesta y ocupación del edificio se desarrollaron a plena vista, transmitiéndose en vivo a través de medios de comunicación y plataformas en línea, mientras un grupo pro-palestino tomaba el control del edificio de la UW, se atrincheraba en su interior y causaba daños significativos a equipos nuevos. La policía posteriormente desalojó a los implicados bajo custodia.
No obstante, 259 días después de que 34 personas fueran arrestadas y se reportaran daños estimados en 1 millón de dólares, la Oficina del Fiscal del Condado de King indica que aún espera información adicional antes de poder determinar si se presentarán cargos criminales.
Casey McNerthney, portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de King, señaló que el caso permanece en revisión, pero los fiscales han solicitado información adicional al Departamento de Policía de la Universidad de Washington, la cual aún no han recibido.
McNerthney rechazó la idea de una gestión inadecuada del caso, afirmando que la decisión de presentar cargos depende de la información que finalmente se remita a los fiscales y si cumple con los requisitos legales.
“Consideramos que, una vez que revisen lo que la UWPD nos remite y los requisitos que tenemos y la comunicación, tendrá más sentido”, declaró McNerthney, reconociendo que el plazo se ha extendido durante varios meses.
Mientras tanto, el proceso disciplinario del campus ha generado su propia controversia. Un grupo autodenominado Super UW anunció que los estudiantes ahora están “libres” con “suspensiones levantadas” y afirmó que un consejo de conducta encontró solo dos “violaciones menores”.
Victor Balta, portavoz de la UW, quien declinó una entrevista en cámara, comunicó en un comunicado escrito que las suspensiones “han sido cumplidas”. Balta agregó que “cualquier saldo pendiente debe pagarse para ser elegible para la re-matriculación”.
La UW también informa que los estudiantes involucrados perdieron la matrícula o la ayuda financiera durante el período de suspensión y es posible que tengan que reembolsar a la universidad antes de poder regresar.
Para los críticos, las consecuencias financieras no sustituyen la responsabilidad penal.
McNerthney reiteró que los fiscales también desean ver responsabilidad, pero enfatizó que los cargos criminales dependen de materiales de investigación completos y cumplir con el estándar legal para presentar cargos. Por ahora, el principal instrumento de presión que parece tener la universidad es financiero: los estudiantes que buscan re-matricularse deben saldar cualquier saldo pendiente. Persisten interrogantes sobre si se presentará algún caso penal y por qué el proceso ha tardado tanto después de un incidente tan visible que involucró arrestos y daños significativos.
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