El presidente Donald Trump anunció el martes que, a partir del 1 de febrero, su administración negará fondos federales a cualquier estado que albergue gobiernos locales que se resistan a las políticas de inmigración de su administración, ampliando sus amenazas previas de recortar recursos a las llamadas ciudades santuario.
Esta medida podría tener un impacto considerable en todo Estados Unidos, incluso en regiones que no son necesariamente favorables a la presencia de inmigrantes.
Anteriormente, dos intentos de Trump por recortar fondos a jurisdicciones consideradas santuario fueron bloqueados por los tribunales.
El anuncio se realizó el martes por la noche durante un discurso en el Detroit Economic Club, sin ofrecer detalles específicos sobre cómo se aplicará la medida.
“A partir del 1 de febrero, dejaremos de realizar pagos a ciudades santuario o a estados que las alberguen, porque hacen todo lo posible para proteger a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses, lo que genera fraude, delincuencia y otros problemas”, afirmó. “Por lo tanto, no estamos realizando ningún pago a quienes apoyan a las ciudades santuario”.
En Washington, a preguntas de los reporteros sobre qué tipo de fondos se verán afectados a partir del 1 de febrero, Trump respondió: “Lo verán. Será significativo”.
No existe una definición precisa de las políticas de santuario o de las ciudades santuario, pero estos términos generalmente describen una cooperación limitada con las autoridades de Aplicación de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una orden ejecutiva emitida el año pasado, el presidente instruyó a los funcionarios federales a retener fondos de las jurisdicciones santuario que buscan proteger a personas que se encuentran en el país de manera irregular de la deportación. Esta orden fue rechazada por un juez federal en California, quien argumentó que era prematuro detener el plan, ya que aún no se habían establecido condiciones específicas.
Durante su primer mandato, en 2017, los tribunales también rechazaron un intento de Trump de recortar fondos a ciudades.
El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. Esta lista está compuesta principalmente por lugares donde los gobiernos son controlados por demócratas, incluyendo los estados de California, Connecticut y Nueva York, ciudades como Boston y Nueva York, y condados como el de Baltimore, Maryland, y el de Cook, Illinois. Esta lista reemplazó a una anterior, más extensa, que había generado críticas de funcionarios que alegaron que la inclusión de sus jurisdicciones no estaba justificada.
El gobierno federal ha planteado la posibilidad de detener el financiamiento de diversos programas en las últimas semanas y ya enfrenta desafíos legales.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos advirtió a los estados que se han negado a proporcionar datos sobre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que serán sancionados con la reducción de fondos administrativos. Ya estaba en curso una disputa judicial sobre la solicitud de información antes de esta advertencia, aunque el dinero aún no se ha detenido.
La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos anunció la suspensión de fondos destinados a subsidios de cuidado infantil y otra ayuda a familias de bajos ingresos con niños en cinco estados liderados por demócratas, alegando sospechas no especificadas de fraude. Un tribunal suspendió esta medida.
La administración ha intentado ejercer presión financiera adicional sobre Minnesota, un estado donde también ha enviado una oleada de funcionarios federales en una operación de control de inmigración. El Departamento de Agricultura ha informado que ha congelado fondos en el estado, pero sin proporcionar detalles.
Los Servicios de Medicare y Medicaid también comunicaron a Minnesota la semana pasada que tienen la intención de retener 515 millones de dólares cada tres meses de 14 programas de Medicaid considerados de “alto riesgo”, tras rechazar un plan de acción correctiva exigido debido a acusaciones de fraude. Los funcionarios estatales han anunciado que están apelando esta decisión.
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