WASHINGTON – Funcionarios estatales en Washington han alertado sobre amenazas y acoso dirigidos a centros de cuidado infantil de propiedad somalí, como consecuencia de denuncias de fraude sin fundamento.
El capítulo estatal de Washington del Consejo sobre Relaciones entre Estados Unidos e Islam (CAIR) informó que decenas de personas se han visto afectadas por este fenómeno. Los incidentes incluyen la publicación de información personal (doxing), hostigamiento verbal, amenazas de violencia e incluso amenazas de muerte.
La situación se originó tras la difusión de videos virales en Minnesota, con escasa evidencia, que acusaban a los centros de cuidado infantil de propiedad somalí de cometer fraude. En respuesta, el gobierno federal ha intensificado las investigaciones en el estado, lo que ha derivado en la suspensión de fondos federales para el cuidado infantil en Minnesota.
El impacto se ha extendido a nivel nacional, afectando a residentes somalíes en Washington, estado que alberga una de las poblaciones somalíes más grandes del país. Se han compartido videos similares en redes sociales sobre centros de cuidado infantil en el área de Seattle, algunos de los cuales muestran a individuos visitando los centros, grabándolos y cuestionando al personal.
Ante esta situación, la Fiscal General de Washington, Nick Brown, emitió una advertencia sobre el acoso y las amenazas que enfrentan los operadores de guardería somalíes. “Acudir al domicilio de alguien, amenazarlo o acosarlo no constituye una investigación”, declaró Brown. “Tampoco lo es filmar a menores que puedan estar presentes. Este es un comportamiento inseguro y potencialmente peligroso”.
Hamdi Mohamed, Director de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de Seattle, señaló que el ataque contra los proveedores somalíes ha generado “miedo e interrupciones para trabajadores, familias e infantes”. “Debemos continuar con la supervisión estatal y local adecuada de los proveedores de cuidado infantil, al tiempo que los protegemos de ataques basados en el odio, la intimidación y la violencia”, expresó Mohamed en un comunicado. “Atacar a los proveedores basándose en su origen o procedencia es inaceptable”.
Las preocupaciones sobre el fraude se han centrado principalmente en los subsidios que reciben los centros de cuidado infantil. Jim Walsh, Presidente del Partido Republicano de Washington (GOP), afirmó que los sistemas establecidos para proporcionar fondos a los centros de cuidado infantil son bien intencionados, pero existe una “falta de transparencia” y “muchas preguntas sin respuesta”.
Walsh considera que es necesario un control más riguroso de los centros de cuidado infantil que reciben fondos estatales o federales. Según él, la evidencia de fraude proviene de periodistas independientes y ciudadanos que, utilizando registros públicos del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) y otras agencias estatales, han investigado e inspeccionado los centros de cuidado infantil “en terreno”. Se ha encontrado que algunos centros no existen en la dirección documentada o que dejaron de existir.
En respuesta a la pregunta de Madeline Ottilie sobre el origen de esa evidencia, Walsh explicó que se trata de declaraciones de residentes en propiedades privadas que niegan que sus domicilios alberguen guarderías, a pesar de que la documentación del DCYF indica lo contrario.
El DCYF informó que revisan todas las solicitudes de subsidio para asegurar que solo se otorguen a proveedores elegibles, que operen en buen estado y que no tengan licencias de cuidado infantil suspendidas, revocadas o cerradas. Además, los beneficiarios del subsidio deben mantener la documentación de las compras realizadas con los fondos y el departamento selecciona una muestra aleatoria para auditoría. También realizan visitas inopinadas a cada proveedor con licencia al menos una vez al año. Si un proveedor no puede presentar recibos o ha utilizado los fondos de manera incorrecta, se le exige devolverlos.
La Oficina de Fraude y Responsabilidad (OFA) del Departamento de Servicios Sociales y de Salud es responsable de investigar las denuncias de fraude. Según el último informe de ese departamento, los esfuerzos de OFA no arrojaron condenas de proveedores de cuidado infantil por fraude en el año fiscal 25. Sí identificó más de 2 millones de dólares en sobrepagos a los proveedores.
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