FORT HOOD, Texas – Una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito del Condado de Bell, número de caso 146, revela evidencia contundente contra el Mayor Blaine McGraw, médico obstetra-ginecólogo suspendido asignado a Fort Hood. Este caso ha generado profunda conmoción, especialmente considerando la importancia de la confianza entre médicos y pacientes, un valor fundamental en la cultura hispana.
A principios de semana, el Ejército acusó a McGraw de múltiples cargos y decenas de especificaciones, incluyendo la presunta grabación indebida de 44 víctimas. Tras estas acusaciones, otras 81 presuntas víctimas se han unido a la demanda civil contra McGraw. La gravedad de estas acusaciones ha impactado a la comunidad militar y ha generado preocupación por la seguridad y el bienestar de quienes estaban bajo su cuidado.
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La demanda detalla tácticas supuestamente utilizadas por McGraw durante los exámenes, incluyendo la forma en que posicionaba su teléfono celular en el bolsillo de su pecho, con la lente de la cámara orientada hacia afuera. Esta práctica, oculta a la paciente, evidencia una clara falta de respeto hacia su integridad y su derecho a la privacidad.
El documento judicial establece: “En múltiples ocasiones, posicionó su placa de identificación del Ejército debajo de su teléfono celular para que la insignia sostuviera el dispositivo hacia afuera, impidiendo que la lente de la cámara fuera cubierta por su ropa médica”. Este detalle subraya la premeditación con la que McGraw presuntamente llevó a cabo estas acciones.
La demanda también describe tres patrones de abuso presuntos, incluyendo fotografías y videos no consensuales, procedimientos innecesarios o no autorizados, y contacto sexualizado durante los exámenes sin la presencia de un acompañante. La ausencia de un acompañante durante los exámenes, una práctica que debería ser estándar, es un punto clave en la demanda.
“Ella entró en ese examen tres meses después de [Entrenamiento Individual Avanzado], una [Soldado de Primera Clase], de 19 años. Una joven. Entra en esa sala de exámenes con el Dr. McGraw a solas, sin acompañante”, declaró el abogado Andrew Cobos. “La coloca en la camilla y comienza el examen de sus áreas más sensibles y saca su teléfono celular”. La vulnerabilidad de una soldado joven, recién salida de un entrenamiento, es particularmente preocupante.
La demanda continúa: “Después de denunciar su presunta violación a su cadena de mando, esta soldado se sometió a un examen forense de agresión sexual realizado por McGraw, nuevamente, sin acompañante presente. McGraw no documentó en sus registros médicos que se le había realizado un kit de violación. Como resultado, el caso penal procedió y su agresor fue finalmente absuelto”. La falta de documentación y la posterior absolución del agresor resaltan fallas en el sistema de justicia militar.
El documento judicial también detalla cómo McGraw presuntamente indujo el parto sin consentimiento en el Centro Médico del Ejército de Tripler en Hawái. La inducción de parto sin consentimiento constituye una grave violación de la ética médica y la autonomía de la paciente.
Según el documento presentado, McGraw presuntamente realizó un examen pélvico no documentado e indujo el parto. Posteriormente, McGraw presuntamente le dijo a la paciente que ambos “podrían meterse en problemas” y le indicó que le enviara un mensaje de texto una vez que saliera de la propiedad del hospital. Esta actitud demuestra una falta de remordimiento y una posible obstrucción de la justicia.
“Casi al pie de la letra, cada historia que escuchamos involucra un examen en el que no había un acompañante presente”, afirmó Cobos. “El Ejército necesita sentarse y reconocer esta desventaja de poder en la que están poniendo a los soldados de menor rango cada vez que entran en una sala de exámenes”. La dinámica de poder entre un oficial superior y un soldado de menor rango es un factor crucial en este caso.
Una de las presuntas víctimas en el caso dice que las alegaciones de abuso fueron facilitadas por “un sistema roto”. Hemos optado por no identificar a la presunta víctima de agresión sexual para proteger su privacidad y minimizar aún más daños. La protección de la víctima es una prioridad absoluta.
“Ha destruido nuestra capacidad de sentirnos seguros al ver proveedores médicos dentro o fuera de la base porque no sabemos si estamos entrando a una clínica o a una escena del crimen”, dijo la presunta víctima. “Mi sentido de seguridad, algo que todos merecemos, fue tomado. Y no estoy sola en esta pérdida”. El impacto emocional en las víctimas es profundo y duradero.
Las 82 demandantes en el caso ahora buscan más de $82 millones en daños y perjuicios. Los fiscales del Ejército prefirieron 61 cargos contra McGraw, quien permanece bajo confinamiento previo al juicio en la cárcel del Condado de Bell.
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