SEATTLE – El fiscal general Nick Brown se unió a fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia el viernes para solicitar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que reviertan una política que terminó con las investigaciones y el informe público de muertes de detenidos poco después de su liberación. Los fiscales generales exigen la restauración de los estándares de reporte previos. En un comunicado, Brown destacó que “todo el mundo, incluidos los detenidos, debe estar seguro, saludable y tratado con dignidad”. Señaló que el Departamento de Salud de Washington recibió miles de quejas sobre las condiciones en el centro de procesamiento de ICE en Tacoma, operado por GEO Group, donde se denunciaron condiciones insalubres y la negación de medicamentos prescritos. Según la política anterior, los directores de ICE podían solicitar revisiones de muertes que ocurrieran dentro de los 30 días tras la liberación de un detenido. La coalición criticó que la terminación de esas investigaciones podría alentar a los centros a liberar a detenidos críticamente enfermos poco antes de su muerte para evitar la atención médica. Los fiscales también destacaron que más de 3.500 quejas señalaron negligencia en la atención médica, alimentos contaminados, condiciones insalubres y asaltos por parte del personal en el centro de Tacoma. Destacaron que GEO Group se ha negado a permitir que los inspectores del Departamento de Salud de Washington accedan al centro, a pesar de las leyes estatales que exigen inspecciones. La coalición señaló que 51 detenidos han fallecido en la custodia de ICE desde enero de 2025, con más de la mitad de esas muertes ocurridas en nueve centros de detención. Según los fiscales generales, la Oficina de Supervisión de Detención de ICE encontró atención médica deficiente en cinco de esos centros. La carta fue liderada por el fiscal general de Nueva York, Letitia James, y firmada por fiscales generales de 22 estados.
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