OLYMPIA, Washington — El Fiscal General de Washington, Nick Brown, y una coalición de otros 21 fiscales generales están demandando al Departamento de Educación de Estados Unidos (DOE) por lo que llaman restricciones ilegales al programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF).
La demanda cuestiona una nueva regla federal que permitiría al departamento considerar a ciertos gobiernos estatales y locales u organizaciones sin fines de lucro no elegibles para el programa si la administración determina que han participado en actividades con un “propósito ilegal sustancial”.
Brown dijo que la regla socava un programa diseñado para ayudar a los servidores públicos a administrar el costo de la educación superior.
“El programa PSLF ayuda a las personas a permitirse el lujo de seguir carreras en el servicio público sin el peso de la aplastante deuda de los préstamos universitarios o de posgrado”, dijo Brown en un comunicado. “Devolver algo a la comunidad es algo bueno que se debe fomentar. Pero ahora, una vez más, la administración está demostrando cuán poco considera a las personas que mantienen en funcionamiento nuestras ciudades y estados”.
El programa PSLF, creado por el Congreso en 2007, condona la deuda restante de préstamos estudiantiles federales después de 10 años de servicio público calificado y pagos consistentes. Ha permitido que más de 1 millón de empleados públicos trabajen en campos como la educación, la atención médica y la aplicación de la ley.
El DOE finalizó la nueva regla el 31 de octubre, otorgándose autoridad para descalificar a agencias u organizaciones enteras de la elegibilidad del PSLF si determina que tienen un “propósito ilegal sustancial”. La norma, que entrará en vigor en julio de 2026, ofrece definiciones limitadas de ese término. Según la coalición, la definición podría incluir organizaciones que apoyan a inmigrantes indocumentados, brindan atención de afirmación de género a jóvenes transgénero, promueven la diversidad y la inclusión o participan en protestas políticas. La norma establece explícitamente que incluye “apoyar el terrorismo y ayudar e instigar la inmigración ilegal”.
“Los fondos de los contribuyentes nunca deben subsidiar directa o indirectamente actividades ilegales. El programa de condonación de préstamos por servicio público estaba destinado a apoyar a los estadounidenses que dedican sus carreras al servicio público, no a subsidiar a organizaciones que violan la ley, ya sea albergando a inmigrantes ilegales o realizando procedimientos médicos prohibidos que intentan alejar a los niños de su sexo biológico”, dijo el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, en una declaración sobre la norma.
Los fiscales generales argumentan que la regla es vaga, ilegal y tiene motivaciones políticas. Sostienen que podría privar de elegibilidad a miles de trabajadores públicos “sin que sea culpa suya”, provocando escasez de personal y mayores costos para los gobiernos estatales y locales.
El DOE estima que la regla generará $1.5 mil millones adicionales en pagos de préstamos en todo el país durante la próxima década de prestatarios que perderían la elegibilidad para el PSLF. En Washington, a más de 23.000 prestatarios se les ha condonado un total combinado de 1,62 millones de dólares en préstamos desde 2021, según la oficina del fiscal general.
La demanda pide al tribunal que “declare ilegal la norma, la anule y prohíba al [DOE] hacerla cumplir o implementarla”. La coalición argumenta que el estatuto del PSLF garantiza el perdón para cualquiera que trabaje a tiempo completo en un servicio público calificado, sin dar al gobierno federal discreción para excluir a los empleadores por motivos ideológicos.
A Washington en la demanda se unen los fiscales generales de Nueva York, Massachusetts, California, Colorado, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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