WASHINGTON (EE.UU.) – La obligación constitucional del estado de Washington de financiar la educación se enfrenta a una alerta del auditor estatal. El sistema informático que distribuye los fondos educativos a nivel estatal está obsoleto y representa un riesgo significativo de fallo. McCarthy señaló que el sistema de información tecnológica gestionado por la Oficina del Superintendente de Educación Pública carece de controles documentados y depende en gran medida de un único proveedor y un reducido grupo de empleados con experiencia a largo plazo. ‘Lo más preocupante es que el potencial de un evento catastrófico, o que este sistema deje de funcionar, es muy alto’, afirmó McCarthy. El sistema es responsable de repartir financiación a unos 300 distritos escolares y escuelas que atienden a más de un millón de estudiantes en todo el estado, incluyendo escuelas charter y escuelas tribales. ‘Esto es una gran cantidad de dinero’, destacó McCarthy. Los auditores estatales iniciaron su revisión de los sistemas de información tecnológica de OSPI en abril de 2024 y concluyeron sus investigaciones en octubre. Los hallazgos llegan tras la asignación de unos 30 mil millones de dólares para la educación pública en el periodo 2023-25. ‘Realmente creemos que, durante el tiempo que les tomará implementar completamente el nuevo sistema, deberían tomar algunas acciones de respaldo sólidas’, indicó McCarthy. McCarthy destacó que es fundamental que OSPI agregue personal de respaldo y ‘documentar, documentar, documentar’. Al ser preguntado sobre la peor escena hipotética durante el periodo intermedio, McCarthy respondió: ‘Algo va a cambiar. Así que no quiero llegar a esa hipótesis. Creo que están destinados a hacer las mejoras que el sistema necesita.’
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