KIRKLAND, Wash. – La fiscalía ha acusado a una mujer de Kirkland de homicidio imprudente de primer grado, alegando que causó negligentemente la muerte de su hija de 10 años al no buscar atención médica de emergencia durante un viaje por carretera de dos días en julio, a pesar de las evidentes señales de una emergencia diabética que ponía en peligro su vida. Este tipo de acusación, aunque grave, es relativamente poco común en Estados Unidos y refleja una creciente preocupación por la responsabilidad parental en casos de negligencia médica.
Lloydina Shnea McAllister, de 42 años, fue acusada ante el Tribunal Superior del Condado de King este mes por la muerte de su hija, quien padecía diabetes tipo 1 y dependía de una bomba de insulina (un dispositivo que administra insulina de forma continua). Según los documentos de la acusación, la niña llegó al Hospital Infantil Mary Bridge en Tacoma el 18 de julio, ya fallecida. El personal del hospital registró su nivel de glucosa en sangre post mortem en 700 mg/dL, lo que supera más de siete veces el límite superior normal. Para el público latinoamericano, es importante destacar que los niveles de glucosa en sangre se miden de manera similar en todo el mundo, aunque la interpretación y el tratamiento pueden variar.
La Oficina del Examinador Médico del Condado de Pierce confirmó el martes que la causa de la muerte de la niña fue acidosis diabética. La oficina agregó que la forma de la muerte fue un homicidio, término que en el contexto legal estadounidense se refiere a una muerte causada por la negligencia de otra persona, no necesariamente por intención.
Los detectives afirman que McAllister, su novio y sus tres hijos emprendieron un “viaje por carretera familiar” el 17 de julio, informando inicialmente a los investigadores que se dirigían a Medford, Oregón. Sin embargo, los registros de los teléfonos celulares mostraron que la familia había conducido más de 1600 kilómetros hacia el sur, hasta el área de Sacramento, antes de regresar. Durante el transcurso del viaje, los investigadores afirman que pasaron por 31 hospitales abiertos a lo largo de la Interestatal 5 sin detenerse para pedir ayuda, y no realizaron llamadas al 911. En Estados Unidos, la Interestatal 5 es una ruta principal para viajes largos y cuenta con numerosos hospitales a lo largo de su recorrido.
Los datos médicos de la bomba de insulina de la niña mostraron que su alarma de glucosa en sangre comenzó a indicar “ALTO” alrededor de las 10 a.m. del 16 de julio y permaneció en niveles de alerta máxima durante casi dos días. Según los investigadores y el personal médico, las lecturas sostenidamente altas son un indicador inconfundible de acidosis diabética (DKA), una emergencia médica que se agrava rápidamente. Para muchos lectores, especialmente aquellos familiarizados con el sistema de salud en América Latina, es importante comprender que las bombas de insulina y los sistemas de monitoreo continuo de glucosa son tecnologías relativamente nuevas y costosas, aunque su uso está aumentando.
Los documentos de la acusación detallan un patrón de años de citas médicas perdidas, informes a los Servicios de Protección Infantil e hospitalizaciones previas relacionadas con el manejo de la diabetes de la niña. Solo dos meses antes de la muerte de la niña, McAllister había recibido nueva capacitación formal de profesionales médicos tras otra admisión por DKA. Es importante señalar que los Servicios de Protección Infantil son agencias gubernamentales que investigan el maltrato y la negligencia infantil.
En una entrevista con los detectives, McAllister reconoció que su hija había comenzado a vomitar antes del viaje y que creía que los cuerpos cetónicos de la niña estaban elevados, lo que es una señal conocida de una crisis inminente. Dijo a los investigadores que evitó detenerse en los hospitales porque un plan de crianza le impedía sacar a la niña del estado, y que tenía miedo de las consecuencias. El concepto de “plan de crianza” se refiere a los acuerdos legales sobre la tenencia de los hijos después de una separación o divorcio.
McAllister está detenida bajo fianza de $1 millón y los fiscales han solicitado órdenes de contacto cero para sus dos hijos sobrevivientes, citando preocupaciones por su seguridad y por la posible interferencia con la investigación. Una fianza de $1 millón es una suma considerable y refleja la gravedad de la acusación.
Si McAllister es declarada culpable de homicidio imprudente de primer grado, se enfrenta a un rango de sentencia estándar que puede incluir años de prisión.
Natalie Swaby contribuyó a este informe.
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