Según un informe el Tribunal Supremo permitirá los abortos de urgencia en Idaho
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WASHINGTON (AP) – El Tribunal Supremo parece dispuesto a permitir los abortos de emergencia en Idaho cuando la salud de una paciente embarazada está en grave riesgo, según Bloomberg News, que dijo que una copia de la opinión brevemente publicado el miércoles en el sitio web de la corte.
El documento sugiere que el tribunal concluirá que no debería haberse involucrado en el caso tan rápidamente y restablecerá una orden judicial que había permitido a los hospitales del estado realizar abortos de emergencia para proteger la salud de una paciente embarazada, dijo Bloomberg. El documento fue retirado rápidamente del sitio web.
El Tribunal Supremo reconoció que el documento fue publicado inadvertidamente el miércoles.
“La Unidad de Publicaciones del Tribunal subió inadvertida y brevemente un documento a la página web del Tribunal. La opinión del Tribunal en Moyle contra Estados Unidos e Idaho contra Estados Unidos se publicará a su debido tiempo”, dijo la portavoz del tribunal Patricia McCabe en un comunicado.
El caso continuaría en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. si el alto tribunal desestima el procedimiento.
El fallo puede no ser el definitivo del tribunal, ya que no se ha hecho público oficialmente.
El gobierno de Biden había demandado a Idaho, argumentando que los hospitales deben practicar abortos para estabilizar a las pacientes embarazadas en casos de emergencia poco frecuentes, cuando su salud corre grave peligro.
La mayoría de los estados controlados por los republicanos empezaron a aplicar restricciones después de que el tribunal anulara el caso Roe contra Wade hace dos años.
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Idaho es uno de los 14 estados que prohíben el aborto en todas las fases del embarazo, con excepciones muy limitadas. El estado afirmó que su prohibición permite abortar para salvar la vida de una paciente embarazada y que la ley federal no exige que se amplíen las excepciones.
El Tribunal Supremo había permitido previamente la entrada en vigor de la medida, incluso en casos de urgencia médica, mientras se resolvía el caso. Desde entonces, varias mujeres han necesitado traslados aéreos médicos fuera del estado en casos en los que el aborto es un tratamiento rutinario para evitar infecciones, hemorragias y otros graves riesgos para la salud, según han declarado médicos de Idaho.
Se espera que la sentencia del Tribunal Supremo tenga un efecto dominó en la atención de urgencias en otros estados con prohibiciones estrictas del aborto. Según documentos federales obtenidos por The Associated Press, ya se han registrado casos de mujeres embarazadas que han sido rechazadas en los servicios de urgencias de Estados Unidos tras la sentencia de 2022 del Tribunal Supremo, que anulaba el derecho constitucional al aborto.
La demanda del Departamento de Justicia se amparó en una ley federal que obliga a los hospitales que aceptan Medicare a proporcionar atención estabilizadora independientemente de la capacidad de pago del paciente. Se trata de la Ley de Tratamiento Médico y Laboral de Urgencia, o EMTALA.
Casi todos los hospitales aceptan Medicare, por lo que los médicos de urgencias de Idaho y otros estados con prohibiciones tendrían que practicar abortos si fuera necesario para estabilizar a una paciente embarazada y evitar riesgos graves para la salud, como la pérdida de órganos reproductores, argumentó el Departamento de Justicia.
Idaho alegó que su excepción por la vida de la paciente cubre circunstancias sanitarias extremas y que el gobierno de Biden interpretó erróneamente la ley para eludir la prohibición estatal y ampliar el acceso al aborto.
Los médicos han afirmado que la ley de Idaho les ha hecho temer la realización de abortos, incluso cuando el embarazo pone en grave peligro la salud de la paciente. La ley exige que toda persona condenada por practicar un aborto sea encarcelada durante al menos dos años.
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Un juez federal se puso inicialmente del lado de la administración demócrata y dictaminó que los abortos eran legales en casos de urgencia médica. Después de que el estado apelara, el Tribunal Supremo permitió que la ley entrara plenamente en vigor en enero.
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