Dos jueces federales han anulado una orden que pretendía reformar el programa de perdón de préstamos estudiantiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. El juez federal Myong Joun destacó que los cambios iban más allá del poder del Departamento de Educación y ponían en peligro la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda. Esta decisión fue en respuesta a dos demandas presentadas por más de 20 estados, varias ciudades y organizaciones sin fines de lucro, según informó The Associated Press. El juez federal Amir Ali también emitió una sentencia similar en un caso presentado por una organización sin fines de lucro. El Congreso creó el programa de Perdón de Préstamos Públicos en 2007 con el objetivo de incentivar a los graduados a trabajar en empleos gubernamentales y en organizaciones sin fines de lucro. Si trabajaban 10 años en empleos de servicio público, se les perdonaban sus préstamos federales. La ley de 2007 especificaba qué tipos de trabajadores eran elegibles, según informó The New York Times. El Departamento de Educación añadió nuevas reglas que no perdonarían los préstamos para trabajadores cuyos empleadores tuvieran un ‘propósito sustancialmente ilegal’, lo cual afectaría a organizaciones sin fines de lucro y organismos gubernamentales que apoyaran iniciativas contrarias a las prioridades de la administración de Donald Trump. Esta regla surgió de un orden ejecutivo firmado por Trump el año pasado que buscaba atacar grupos que apoyaban a los inmigrantes indocumentados, iniciativas de diversidad o la atención de cuidado de género, según informó The New York Times. El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, emitió un comunicado en el que dijo, en parte, que el departamento ‘está detrás de esta política sensata para garantizar que los dólares de los contribuyentes nunca se usen para subsidiar actividades ilegales’ y que estaba considerando los próximos pasos, según informó el Times. En su sentencia, Joun señaló que las reglas podrían haber impuesto las opiniones políticas de la administración a los empleadores y que el Departamento no había vinculado sus definiciones de actividad ilegal con las leyes penales, según informó la AP. ‘El Departamento no puede crear nuevas prohibiciones penales mediante la reglamentación’, escribió el juez. Joun indicó que todos los escritos de apoyo provinieron de los grupos que cuestionaban las reglas, y ninguno vino en defensa del cambio, según informó la AP. Más de un millón de estadounidenses tuvo sus préstamos perdonados antes de que se anulara este cambio. La nueva regla estaba prevista para entrar en vigor el 1 de julio, según informó el Times.
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