El Concejo del Condado de King aprobó el martes una ordenanza que prohíbe a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) establecerse o operar en propiedades propiedad del condado. La reunión se trasladó a línea de video debido a la intensidad de los comentarios del público, lo cual llevó a que las autoridades vaciaron las salas del consejo. La nueva política se aplica a todos los espacios utilizados por el condado, incluyendo parques y estacionamientos. La concejal Teresa Mosqueda, autora de la medida, explicó que la ordenanza busca evitar que los agentes federales y su equipamiento se desplacen a propiedades del condado para operaciones de enfoque migratorio civil. Mosqueda añadió que el condado tratará las operaciones no autorizadas de ICE como violaciones de uso del suelo. Si los agentes federales no cumplen con la prohibición, la Oficina del Sheriff del Cond, de King será instruida para intervenir. ‘Al igual que cualquier otra violación de la política de uso del suelo, pediremos una orden judicial civil’, dijo Mosqueda. ‘Pediremos que detengan sus operaciones’. La decisión surge en medio de preocupaciones significativas de los miembros de la comunidad sobre la actividad inmigratoria federal. Rosario, un inmigrante sin documentos que testificó en la reunión, habló sobre el miedo compartido por quienes viven en el condado sin estatus legal. ‘Tengo miedo de ser deportado. Soy inmigrante sin documentos’, dijo Rosario. ‘Pero al final del día, mis amigos son secuestrados cuando simplemente van a trabajar’. Rosario también cuestionó si la ordenanza, que se centra en propiedades propiedad del condado y edificios, abordaría los problemas más amplios que enfrenta su comunidad. Señaló que muchas detenciones ocurren en calles públicas en lugar de instalaciones gubernamentales. ‘Puedes ver que la mayoría de los secuestros ocurren en las calles. No en un edificio’, dijo Rosario. ‘Así que estamos diciendo que este es el problema. ?Cómo puedes abordarlo de inmediato?’. Durante la parte en línea de la reunión, algunos concejales expresaron preocupaciones sobre las posibles repercusiones legales y financieras de la ordenanza. El concejal Reagan Dunn mencionó un desacuerdo legal previo en el Boeing Field donde el condado intentó bloquear deportaciones. Dunn señaló que la pérdida anterior en el tribunal resultó en un costo significativo para los contribuyentes. ‘Desde que nos demandaron en el Boeing Field por detener las deportaciones de ICE y el condado perdió cientos de miles de dólares en impuestos, creo que es importante que tengamos una respuesta pública’, dijo Dunn. Tras la aprobación de la ordenanza, se enviaron solicitudes de comentario a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para abordar las nuevas restricciones del condado. La agencia aún no ha proporcionado una respuesta.
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