OLYMPIA, Wash. – El fiscal general de Washington, Nick Brown, presentó una demanda contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), acusándolo de retener ilegalmente miles de millones de dólares en financiación y forzar a los estados a cumplir con exigencias no autorizadas federalmente. La denuncia, presentada como parte de un esfuerzo multistatal, sostiene que el USDA ha amenazado con cortar fondos críticos vinculados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a menos que los estados acepten condiciones federales que exceden su autoridad, según la Oficina del Fiscal General de Washington.
Otros programas clave que podrían verse afectados incluyen el programa de comidas escolares; el Programa Especial de Asistencia Nutricional para Mujeres, Infantes y Niños (WIC); el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP); y el Programa de Capacitación de Bomberos Voluntarios. El despacho del fiscal general indicó que los fondos en juego apoyan la administración del SNAP, un programa federal financiado por el gobierno y gestionado por los estados, que proporciona asistencia alimentaria a millones de estadounidenses de bajos ingresos. Washington recibe anualmente unos 129,5 millones de dólares para administrar este programa, y cualquier interrupción podría tener consecuencias “catastróficas” para los residentes que dependen de él, según la oficina del fiscal general.
En la demanda, el estado acusa al USDA de estar efectivamente manteniendo esos fondos “como rehenes” para obligar a los estados a cumplir con directrices federales, incluyendo exigencias relacionadas con datos y administración del programa, según la denuncia y el comunicado de prensa adjunto de la oficina de Brown. La demanda sostiene que las acciones del USDA violan la ley federal, incluyendo limitaciones constitucionales y autoridad estatutaria que rigen el programa SNAP. La coalición de estados argumenta que el gobierno federal no puede condicionar la financiación a requisitos no autorizados por el Congreso, según la denuncia.
Brown afirmó que la demanda busca proteger tanto los fondos como a las personas que dependen de ellos. “La ley está en nuestro lado”, dijo Brown en un comunicado, añadiendo que el estado busca garantizar el apoyo continuo para los residentes vulnerables y evitar la intervención federal excesiva. Según la oficina del fiscal general, el SNAP es una red de seguridad clave a nivel nacional, entregando miles de millones de dólares en asistencia alimentaria. Los estados administran el programa pero dependen de la financiación federal para operarlo.
La demanda pide al tribunal que declare las acciones del USDA ilegales y bloquee a la agencia de retener fondos o imponer condiciones que los estados consideran ilegales. El caso es el más reciente de una serie de desafíos legales relacionados con el SNAP, ya que los estados se oponen a lo que describen como exigencias federales sin precedentes vinculadas a la operación y financiación del programa, según la oficina del fiscal general de Washington.
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