Olympia, Wash. – El proyecto de ley SB 5974, que busca elevar los estándares para jefes de policía, alguaciles y mariscales, avanza bajo fuerte oposición de líderes de seguridad pública. La legislación permite que la Comisión de Capacitación en Justicia Criminal (CJTC) remueva a estos funcionarios si no cumplen con las normas establecidas. El texto establece que la edad mínima para acceder a estos cargos pasará de 18 a 25 años, exige un antecedente de fondo para candidatos, aumenta el tiempo mínimo de experiencia en seguridad pública de dos a cinco años y reduce el plazo para obtener certificación de 12 a 9 meses tras una elección. Además, impone requisitos de capacitación y establece límites para voluntarios en las oficinas de alguaciles y cadetes juveniles.
Derek Sanders, alguacil de Thurston County, aceptó algunos aspectos del proyecto. ‘Si no existiera el mecanismo de remoción, lo apoyaría al 100%’, afirmó. El mecanismo propuesto establece que si un funcionario no aplica las leyes según la interpretación del Tribunal Supremo, será descertificado por la CJTC y removido del cargo.
John Lovick, patrocinador del proyecto y ex alguacil de Snohomish County, sostuvo que la medida nivelaría la competencia. ‘Si un alguacil es descertificado, no debería seguir en ese cargo. ?Por qué no seguir el mismo proceso con oficiales?’, preguntó. Actualmente, la única forma de remover a un alguacil es mediante una elección, ya sea estándar o de recordatorio. Sanders criticó la idea de entregar el cargo a un consejo no electo. ‘Esto debilita el proceso democrático’, argumentó.
La Asociación de Alguaciles y Jefes de Policía de Washington señaló que ningún funcionario en funciones había sido descertificado, salvo en casos donde se logró una elección de recordatorio. Lovick mencionó que algunas personas se sienten intimidadas al intentar un recordatorio. ‘Es muy difícil recordar a un alguacil’, admitió. Sanders defendió la dificultad como parte del proceso, pero insistió en que si se cambia el mecanismo para estos cargos, debería hacerse también para otros funcionarios públicos.
La Red de Acción de la Fe destacó que seis estados permiten la remoción de funcionarios de seguridad por parte de comisiones estatales. Lovick destacó el proceso de investigación, apelación e interrogatorio que se aplicaría en casos de descertificación. ‘La CJTC toma muchas decisiones cuando, como alguaciles y jefes, les enviamos nombres de personas que violaron su juramento’, explicó.
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