SEATTLE – Un grupo de líderes locales en King County presentó propuestas legislativas para frenar la expansión de centros federales de detención migratoria en la región, tras alertar sobre preocupaciones por derechos humanos y el aumento de financiación federal para el enfoque migratorio. La concejala de Seattle, Alexis Mercedes Rinck, impulsó una ley de emergencia que establecería una moratoria de 365 días para nuevos o ampliados centros de detención dentro de la ciudad. Esta medida, que podría ser votada por completo por el concejo el 24 de febrero, daría tiempo a la ciudad para analizar regulaciones permanentes.
La iniciativa surge tras la aprobación de una ley por parte del presidente Donald Trump en julio de 2025, que otorgó $170 mil millones adicionales al Departamento de Seguridad Nacional y sus subagencias, incluido el ICE. De ese monto, $45 mil millones se destinaron a la expansión de centros de detención. ‘Solo en diciembre, vimos un anuncio previo a la solicitud publicado en sam.gov, que anunciaba una oportunidad de financiación para expandir estas operaciones en la zona de Seattle’, explicó Rinck.
Aunque la ciudad no ha recibido comunicación formal sobre propiedades específicas bajo consideración, la concejala destacó que una moratoria temporal permitiría evaluar los impactos. ‘Presentar una moratoria para ganar tiempo mientras consideramos las implicaciones de algo como esto, creo que está en el mejor interés de la ciudad en este momento’, afirmó.
Por su parte, la consejera del Condado de King, Teresa Mosqueda, presentó una propuesta separada el 12 de febrero que prohibiría al ICE el acceso a áreas no públicas de propiedades del condado sin una orden judicial. La medida también evitaría el uso de estas propiedades como centros de procesamiento o bases operativas. ‘La razón por la que esto es tan importante es que podemos establecer quién está permitido entrar y salir’, destacó Mosqueda.
En SeaTac, el Concejo Municipal aprobó recientemente una moratoria temporal sobre la instalación o expansión de centros de detención, ya que la ciudad alberga un centro federal existente. Mientras tanto, la comisaria del Puerto de Seattle, Toshiko Hasegawa, planea presentar un orden el 24 de febrero que prohibiría el uso de propiedades no públicas del puerto para detención migratoria o operaciones de apoyo. La medida también exigiría educación sobre derechos civiles para los trabajadores del puerto.
Muchas de estas medidas responden a denuncias de abusos en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, incluyendo acusaciones recientes de abuso sexual. La GEO Group, que opera el centro bajo contrato federal, rechazó las acusaciones, destacando la supervisión de organismos como la Asociación Americana de Correccionales. El ICE también mencionó que las instalaciones cumplen con estándares nacionales de detención, aunque el Departamento de Salud de Washington ha enfrentado rechazos para inspeccionar el centro.
Los funcionarios locales reconocieron la incertidumbre legal, ya que la supremacía federal prevalece sobre leyes estatales y locales. ‘Si llegamos a un tribunal, veremos lo que decidan los jueces’, dijo Rinck. ‘Todo esto es inédito y estamos…’
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