SEATTLE – El fiscal general de Washington, Nick Brown, ha presentado su 50ª demanda contra la administración Trump, alegando una presunta injerencia federal en las políticas estatales. La acción judicial se dirige contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU., por imponer condiciones a la financiación federal que, según se alega, discriminan a personas transgénero.
Brown, junto con 11 otros fiscales generales, sostiene que el HHS está exigiendo de manera ilegal a los estados que cumplan con una orden ejecutiva presidencial que, según la demanda, niega la existencia de personas transgénero e impone definiciones restrictivas de género.
La demanda argumenta que el HHS carece de la autoridad para imponer tales condiciones y está utilizando la financiación federal como un instrumento para presionar a los estados a que vulneren sus propias leyes contra la discriminación. “La administración no muestra preocupación por quienes puedan verse afectados o qué leyes puedan infringirse en su obsesivo ataque contra las personas trans”, declaró Brown. “Nos negamos a ceder ante estas demandas ilegales y defenderemos cada dólar que el Congreso ha autorizado”.
Desde que asumió el cargo el 15 de enero de 2025, Brown se ha posicionado como un firme opositor a lo que considera acciones ilegales por parte de la administración Trump, las cuales, según él, amenazan los derechos civiles de los habitantes de Washington y ponen en peligro miles de millones de dólares en financiación federal. Su oficina informa que sus esfuerzos legales han salvaguardado más de 15 mil millones de dólares para Washington, apoyando servicios esenciales como educación, prevención del sinhogarismo y protección del medio ambiente.
La política del HHS en disputa exige que los beneficiarios de la financiación federal para la salud, la educación y la investigación certifiquen su cumplimiento con las protecciones de Title IX, tal como las redefinió la orden ejecutiva. Este requisito, según la demanda, viola la Constitución de los Estados Unidos al anular la autoridad fiscal del Congreso y contraviene la ley federal al imponer condiciones vagas y retroactivas.
La coalición de fiscales generales, que incluye representantes de Nueva York, California e Illinois, solicita al tribunal que declare la política ilegal y evite su aplicación. Enfatizan que la orden ejecutiva contradice las leyes estatales, como la Ley de Washington contra la Discriminación, que protege a las personas transgénero de la discriminación en diversos ámbitos, incluida la atención médica y la educación pública.
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