El fiscal general de Washington, Nick Brown, junto con una coalición de 11 estados adicionales, presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. el martes, alegando que la agencia está vinculando ilegalmente cientos de miles de millones de dólares en financiación federal a políticas que, según la demanda, exigen discriminación contra personas transgénero. La información fue difundida a través de un comunicado de la oficina de Brown.
Esta demanda marca el 50º desafío legal presentado por la oficina de Brown contra lo que considera una injerencia federal excesiva desde que asumió el cargo hace casi un año.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Rhode Island, busca impedir la aplicación de una nueva política de HHS que condiciona la financiación federal para salud, educación e investigación al cumplimiento de una orden ejecutiva presidencial. Esta orden redefiniría el concepto de sexo de maneras que, según la demanda, excluyen a las personas transgénero.
Según la política, los beneficiarios de la financiación de HHS, incluyendo estados, universidades públicas, hospitales y agencias de salud, deben certificar su cumplimiento de las protecciones del Título IX, “incluidos los requisitos” establecidos por la orden ejecutiva.
Los estados argumentan que HHS carece de autoridad para imponer estas condiciones e intenta obligar a los estados a violar sus propias leyes contra la discriminación para evitar la pérdida de fondos previamente aprobados por el Congreso.
“La administración no se preocupa por quién pueda resultar perjudicado o qué leyes se puedan violar en su obsesión por los derechos de las personas trans”, afirmó Brown. “Nos negamos a ceder a estas demandas ilegales y defenderemos cada dólar que el Congreso haya autorizado”.
La demanda detalla que las condiciones de financiación se aplican ampliamente en todo HHS y ponen en riesgo inmediato los programas existentes. Los beneficiarios podrían enfrentarse a la terminación de subvenciones, la devolución de fondos o incluso a responsabilidades civiles o penales si HHS determina que no cumplen con la normativa.
Además, los estados argumentan que la agencia no ha proporcionado una definición clara de lo que implicaría el cumplimiento de la nueva política.
La oficina de Brown informa que los desafíos legales que ha presentado desde el 15 de enero de 2023 han logrado proteger más de 15 mil millones de dólares en financiación federal para el estado de Washington. Estos fondos apoyan escuelas públicas, programas de alimentación para niños, asistencia para la vivienda para personas sin hogar y esfuerzos para prevenir el terrorismo y los desastres ambientales.
La coalición sostiene que la política de HHS viola la Constitución de los Estados Unidos al anular la autoridad del Congreso sobre el gasto federal, viola la ley federal al imponer condiciones vagas y retroactivas a la financiación y viola la Ley de Procedimiento Administrativo al implementar un cambio importante en la política sin el debido aviso o explicación.
La demanda también destaca los conflictos entre la política federal y las leyes estatales. En Washington, la Ley de Washington contra la Discriminación prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, incluyendo la identidad y la expresión de género, en el empleo, los lugares públicos, la vivienda, el crédito y los seguros. La ley estatal también prohíbe la discriminación por motivos de identidad o expresión de género en los servicios de atención médica y en las escuelas públicas.
Los estados solicitan al tribunal que declare la política ilegal y bloquee a HHS de hacerla cumplir, permitiendo así la continuación de la prestación de atención médica, educación y otros servicios sin lo que describen como condiciones de financiación coercitivas.
Además de Washington, la demanda cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Nueva York, Rhode Island, California, Colorado, Delaware, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregón y Vermont.
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