SEATTLE – El fiscal general de Washington, Nick Brown, ha solicitado a un tribunal federal que haga cumplir una orden judicial que impide al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) exigir a los estados la entrega de información personal y confidencial sobre millones de personas que reciben asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Brown presentó la moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, argumentando que la nueva solicitud de datos del USDA contraviene una orden preliminar ya emitida en una demanda presentada a principios de este año por Washington y una coalición de fiscales generales de varios estados. El tribunal había determinado previamente que la solicitud de datos del USDA probablemente era ilegal, respaldando la postura de los estados de que la agencia pretendía utilizar o divulgar la información para fines distintos a la administración de SNAP. Esta decisión judicial impidió que el departamento aplicara la solicitud mientras el caso estuviera en curso.
A pesar de esta decisión, el USDA ha advertido nuevamente a los estados sobre la posibilidad de recortar la financiación administrativa si no cumplen, según Brown. La coalición sostiene que la nueva solicitud es sustancialmente la misma que la original y contradice directamente la orden judicial.
“El estado de derecho está de nuestro lado”, afirmó Brown en un comunicado. “Confío en que el tribunal hará cumplir su orden para proteger la información privada de los beneficiarios de SNAP en Washington y en todo el país”.
SNAP es un programa financiado a nivel federal pero administrado a nivel estatal que proporciona miles de millones de dólares en asistencia alimentaria a decenas de millones de familias de bajos ingresos en todo el país. Los solicitantes proporcionan información personal confidencial con la expectativa, protegida por la ley federal, de que no se utilizará para fines no relacionados.
Brown indicó que la administración Trump ha amenazado repetidamente con retener la financiación administrativa para presionar a los estados a cumplir con lo que él describe como una solicitud de datos sin precedentes. Washington recibe aproximadamente 129,5 millones de dólares anuales para administrar SNAP, y cualquier interrupción de esa financiación podría afectar gravemente los beneficios para los residentes que dependen del programa, según la oficina del fiscal general.
La nueva solicitud del USDA difiere de la demanda original de julio únicamente en que incluía un protocolo propuesto de datos y seguridad, según Brown. Los estados argumentan que este protocolo aún permitiría el intercambio de datos y el uso que el tribunal ya ha considerado probablemente ilegal, y que la administración se ha negado a negociar sus términos.
De acuerdo con la moción, el USDA desestimó las objeciones de los estados y emitió amenazas de recorte de financiación poco después de que se plantearan estas preocupaciones, lo que llevó a la coalición a buscar el cumplimiento judicial de la orden judicial.
Brown ha desafiado previamente varias acciones de la administración Trump relacionadas con SNAP. Durante un reciente cierre del gobierno federal, Washington y otros estados demandaron con éxito al USDA para obligarlo a pagar los beneficios de noviembre, con dos tribunales federales que determinaron que la administración había actuado ilegalmente. El programa SNAP está actualmente financiado hasta septiembre de 2026.
Más recientemente, Washington se unió a otros estados en una demanda que impugna la guía del USDA que excluyó a ciertos no ciudadanos con residencia legal de la elegibilidad para SNAP. La agencia luego retiró esa guía, y un tribunal impidió que la administración penalizara a Washington por errores relacionados con la política en disputa. El tribunal aún no ha dictado una sentencia sobre la moción para hacer cumplir la orden judicial.
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